Detención arbitraria de una adolescente en Venezuela desata alarmas por aumento de la persecución política
Partidos de oposición y organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela denunciaron este miércoles la detención arbitraria de Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años, por parte de funcionarios del régimen en Caracas. El arresto de la menor se produjo tras el allanamiento de la residencia de sus abuelos.
Este suceso ha desatado una ola de críticas, ya que la adolescente es hija de un detenido político desde enero de 2025 y hermana de un perseguido que actualmente vive en el exilio.
Un "Patrón Alarmante" de Represión Familiar
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) fue la primera en emitir la alerta, señalando que la detención de Hernández Castillo "resulta alarmante y se suma a un patrón cada vez más extendido de detenciones de familiares de personas perseguidas políticamente".
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (partido liderado por María Corina Machado) se sumó a la denuncia, advirtiendo a la comunidad internacional que este hecho "no solo afecta de manera psicológica, física y emocional a una joven menor de edad, sino que, además, revictimiza a una familia venezolana que ha sido perseguida”.
El partido Primero Justicia (PJ) calificó la detención como una “violación gravísima de derechos humanos” y una prueba del aumento constante de la represión en el país.
Llamado a la Liberación Inmediata y Garantías Legales
Tanto JEP como otras organizaciones han exigido la liberación “de inmediato” de Samantha Sofía Hernández Castillo, solicitando que se garantice su bienestar físico y emocional y se permita su pronto reencuentro con su familia.
Adicionalmente, se exige que las autoridades informen públicamente su situación jurídica, su lugar de detención y las condiciones en las que se encuentra, asegurando su acceso a una defensa y acompañamiento legal adecuados.
La detención de la adolescente se inscribe en un contexto de represión que, según JEP, no se limita a actores políticos, sino que incluye a otros "perfiles" como profesionales, activistas y ciudadanos comunes. Hasta el 10 de noviembre, la ONG Foro Penal, que brinda asistencia a presos políticos, contabilizaba un total de 882 presos políticos, incluyendo a cuatro adolescentes.